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Entre marzo y abril de 2025 el gobierno estadounidense envió a 252 venezolanos al CECOT, acusados de formar parte de la banda criminal Tren de Aragua.
Kílmar Ábrego deberá acudir a una Corte del Distrito de Tennessee, en Estados Unidos, el próximo 3 de noviembre a las 9:00 de la mañana, debido a que el juez Waverly D. Creenshaw Jr.
La reunión de la comisión, celebrada ayer, duró 18 minutos.
Organizaciones de médicos consultadas dijeron que la reforma podría restar supervisión a los establecimientos que brindan servicios de salud a la población.El CSSP está conformado por 23 miembros: un presidente y un secretario, elegidos por el Órgano Ejecutivo, junto a 21 representantes de los gremios de salud (medicina, odontología, enfermería, laboratorio
"Los gobiernos han utilizado dichas leyes, incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos, para criminalizar deliberada o indiscriminadamente y castigar severamente a la sociedad civil, las personas defensoras de derechos humanos, las protestas pacíficas y el activismo solidario.
Organizaciones civiles y educativas se pronunciaron sobre la trayectoria de Mira. Enfatizaron su lucha social y su compromiso con la educación, destacando queAdemás, fue director del Centro Educativo Joaquín Rodezno y del Centro Escolar República de Chile, en San Salvador. También ejerció la docencia en la Universidad Modular Abierta (UMA), en la capital.
Kílmar Ábrego deberá acudir a una Corte del Distrito de Tennessee, en Estados Unidos, el próximo 3 de noviembre a las 9:00 de la mañana, debido a que el juez Waverly D. Creenshaw Jr.
La reunión de la comisión, celebrada ayer, duró 18 minutos.
, actualizado al 10 de septiembre de 2025,La mayoría de argumentos de la reserva que impone la PDDH están fundamentados en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) literal d), que indica que la información deber ser reservada si pone "en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona".También invoca el litera
"Los gobiernos han utilizado dichas leyes, incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos, para criminalizar deliberada o indiscriminadamente y castigar severamente a la sociedad civil, las personas defensoras de derechos humanos, las protestas pacíficas y el activismo solidario.